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ANSeS intimó a más de 200 jueces y fiscales para que se jubilen de inmediato o retiren el trámite

La decisión apunta a quienes realizaron la presentación ante el organismo, pero la dejaron stand by.

En medio de la presión del Gobierno a la Justicia, en las últimas horas la ANSeS tomó una medida que generará aún más polémica: comenzó a intimar a más de 200 jueces y fiscales que iniciaron el trámite para jubilarse, para que terminen los papeles inmediatamente o retiren las carpetas.

Según pudo confirmar Clarín, el organismo que conduce Fernanda Raverta ya envió una serie de intimaciones a varios magistrados para que definan lo que quieren hacer. Entre quienes ya presentaron el trámite para jubilarse figuran el fiscal Carlos Stornelli y los camaristas Leopoldo Bruglia y Eduardo Riggi, entre otros.

Son muchos los funcionarios judiciales que, con la edad suficiente para acceder a la jubilación, inician el trámite ante el organismo previsional pero lo mantienen stand by, para poder completarlo rápidamente en cualquier momento. Uno de los imponderables ante los cuales suelen prevenirse los magistrados es alguna posible denuncia en su contra por mal desempeño, por ejemplo. Si ocurriese, pueden eludirla retirándose con el beneficio jubilatorio antes de correr el peligro de perderlo por alguna sanción del respectivo Colegio de la Magistratura.

Ese supuesto resguardo -que en verdad puede funcionar como una especulación- es la contracara de las recurrentes presiones que los sucesivos gobiernos fueron ejerciendo sobre los jueces que los molestaban.

Ahora, el kirchnerismo vuelve a utilizar la jubilación como política “demográfica” para los tribunales, con una medida de alcance general pero especialmente relevante para los magistrados que están bajo el fuego constante del oficialismo: los integrantes del fuero federal porteño, que juzgan los delitos de corrupción de los funcionarios nacionales.

Apenas llegó al poder, Alberto Fernández impulsó una reforma en el cálculo jubilatorio de los jueces y fiscales que redujo sus haberes, en algunos casos sensiblemente. El efecto inmediato, como no podía ser de otra manera, fue que decenas de magistrados aceleraron su jubilación para obtenerla bajo el antiguo régimen, desocupando muchos despachos.

Sus vacantes debieron ser cubiertas por subrogantes -suplentes-, mientras el Consejo de la Magistratura iniciaba el burocrático papeleo para convocar a los nuevos concursos. Dos consecuencias inmediatas: los candidatos para esos concursos pueden ser seleccionados por la mayoría oficialista en el Consejo, mientras el repentino agujero en muchos juzgados desocupados de golpe obligó a que otros jueces se desdoblen para cubrirlos. El efecto inevitable es un retraso en el servicio de justicia. Para los casos de corrupción, esa demora es como agua en el desierto

Esta nueva medida de la Anses, controlada por Cristina Kirhcner a través de la incondicional Fernanda Raverta, se da en medio de una ola de fuertes presiones del Gobierno hacia la Justicia, tanto desde el kirchnerismo duro como del presidente Alberto Fernández.

Con decisiones administrativas, declaraciones públicas o anuncios oficiales, el objetivo es siempre el mismo: dejar contra las cuerdas a los jueces y fiscales que investigan y juzgan a los ex funcionarios kirchneristas en copiosos expedientes por corrupción.

En las últimas horas, por ejemplo, varios referentes del oficialismo cuestionaron al Poder Judicial, particularmente a la Corte Suprema, y pidieron una ley de amnistía para los dirigentes condenados por corrupción.

El martes, el ex juez del máximo tribunal Eugenio Zaffaroni reclamó poner en marcha una comisión de la verdad para determinar si hubo lawfare en los casos vinculados a dirigentes K y hasta advirtió que habrá una marcha de un millón de personas sobre el palacio de Justicia si sigue confirmando condenadas como las del ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone.

Por otro lado, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de Cristina, Graciana Peñafort, solicitó a Fernández que “indulte, en el caso muy puntual, a Milagro Sala”.

Días atrás, Alberto Fernández aseguró que la Corte Suprema “está mal” y se convirtió “en un tribunal muy poco calificado socialmente” en los últimos años, luego de que con Néstor Kirchner fuera “un tribunal prestigioso”.

“Lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor Kirchner, hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”, sostuvo Fernández en una entrevista con Página/12.

Allí criticó a la Justicia y señaló que “tiene que darse cuenta de que está funcionando mal y todos los argentinos tenemos que darnos cuenta que cada vez que uno habla de la justicia, inmediatamente los medios plantean que estamos buscando la impunidad de Cristina y eso no es así”.

Fuente: Clarín

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