El pedido de condenas se produjo durante la etapa de alegatos del proceso que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, con sede en la ciudad de Ushuaia.

La Fiscalía solicitó penas que van desde los 4 a los 9 años de prisión para los imputados en el segundo juicio por trata de personas del caso de Alika Kinán, considerada la primera víctima de este delito en el país querellante contra sus propios captores, confirmaron este viernes a Télam fuentes judiciales.

El pedido de condenas se produjo durante la etapa de alegatos del proceso que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, con sede en la ciudad de Ushuaia.

La fiscal María Hermida requirió la mayor de las condenas de 9 años de prisión para Pedro Montoya, dueño del prostíbulo Sheik de donde fue rescatada Kinán en octubre de 2012, junto a otras seis mujeres.

También solicitó una pena de 7 años de prisión para Ivana García, pareja de Montoya, y 4 para Lucy Alberca Campos, la encargada del local. En tanto, la parte querellante que representa a Kinán pronunció su alegato y pidió 8 años de prisión para Montoya, 6 para García y 4 para Campos.

La Justicia ya condenó en 2016 a los tres imputados pero en 2018, la Cámara Federal de Casación Penal decidió que debía realizarse un nuevo juicio, para evaluar si corresponde la aplicación de penas mayores.

Hasta ahora, Montoya recibió una condena de 7 años de prisión, mientras García y Alberca Campos fueron sentenciadas a tres años de prisión en suspenso.

Según Casación, los jueces de 2016 no consideraron, en el caso de Montoya, su participación en una organización delictiva de tres o más personas, y en el caso de García y Alberca Campos, consideró que no fueron partícipes secundarias, sino coautoras del delito de trata.

Además, el pronunciamiento pidió revisar la indemnización económica dispuesta en favor de Kinán (de la que debe hacerse cargo Montoya y el municipio de Ushuaia como organismo habilitante del cabaret) al considerar que los $780 mil dispuestos durante el proceso se basan en un período de explotación de la víctima de dos semanas, cuando en realidad fue de dos años.

El segundo juicio comenzó el 17 de mayo aunque los jueces Guillermo Quadrini, Mario Reynaldi y Alejandro Ruggero tuvieron que suspender algunas de las audiencias por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus.

Luego de aceptarse como víctima de trata de personas, Kinán se animó a ser querellante contra sus explotadores y con el tiempo se convirtió en una conocida activista contra este delito y la prostitución, creó una fundación y recibió reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Durante este nuevo proceso no declararon otra vez las víctimas y se incorporaron por lectura los dichos de varios de los testigos.

Lo mismo sucedió con gran parte del cuadro probatorio derivado de las tareas investigativas llevadas adelante por personal de Gendarmería Nacional, los allanamientos (al prostíbulo y la vivienda de los acusados) y la documentación aportada por el Municipio en relación a las libretas sanitarias exigidas a las mujeres para trabajar en el local.

En cambio, volvieron a prestar declaración indagatoria los tres acusados y se aceptaron algunas pruebas a propuesta de sus abogados defensores.

Fuente: Telam

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