En la siesta de este jueves, finalmente quedó suspendido por treinta días el desalojo de los vecinos del barrio 17 de Agosto por un acuerdo al que arribaron las vecinos, la Red de DDHH, el abogado Hermindo González y el propietario, para que siete familias puedan ser reubicadas.
Otro punto del acuerdo, es que quienes habitan las viviendas que deberán desalojar, lo harán por sus propios medios sin necesidad de que ocurra un desalojo judicial.
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La parte judicial estuvo presente con los oficiales de Justicia, la asesora de menores, quienes labraron las actas correspondientes.
Los oficiales de Justicia encontraron irregularidades en el mandamiento de desalojo, puesto que la orden indicaba a determinadas personas, pero en cada una de las casas donde vivía había muchas más personas. En total son siete las familias que deberán desalojar las viviendas.
Ante esta situación, el propietario, Alberto Salis, advirtió que, aunque se produjera el desalojo de las personas indicadas por la Justicia, igualmente iba a seguir habiendo personas que ocuparan el predio, puesto que no estaban nombradas por la Justicia y no tenían orden de desalojo. A partir de allí, se pudo arribar a un acuerdo.
Se señala que, pese a que la propia Justicia ordena al estado provincial – 30 de septiembre, CT 54021; Juzgado Civil y Comercial Nº 3 a cargo de la jueza María Eugenia Herrero- que “adopte y ejecute medidas que otorguen un refugio al grupo familiar ante el inminente desalojo”, ningún organismo del Estado se hizo presente. Entre las personas que deben dejar las viviendas se encuentran niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, y personas discapacitadas.
Hace más de treinta años que varias familias viven en un predio del barrio 17 de Agosto de la capital correntina. Hace unas horas, les informaron que, esta mañana, serían desalojadas. Oficiales de Justicia corroboraron irregularidades entre el mandamiento, la orden de desalojo, y lo que se sucede, actualmente, en el lugar. Se espera resolución judicial respecto.
Se hicieron presentes en el barrio, los oficiales de Justicia, la Policía, la martillera de los propietarios, y los propietarios.
Oficiales de Justicia corroboraron irregularidades entre el mandamiento, la orden de desalojo, y lo que se sucede, actualmente, en el lugar: no todas las personas nombradas en el mandamiento judicial, se encuentran en el barrio porque varió la conformación de la población ocupante.
Otra irregularidad: imprecisiones en el domicilio, actualmente, hay varias viviendas y cada vivienda tiene independencia, son varias viviendas. Es decir que si el desalojo es para una propiedad sola –el número 1679-, hay muchas otras denominaciones y en cada vivienda hay una familia.
En ese sentido, ahora los vecinos esperan que la Justicia resuelva qué va a pasar. No se presentaron, aún, organismos del Estado provincial.
El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia –COPNAF- se hizo presente, solamente, para hacer una verificación de los niños, no de los adultos. Verificación que, contaron se había pedido hace tiempo y que se realizó, prácticamente, con la orden de desalojo.