Robó una moto. A las pocas cuadras, los policías lo interceptaron, tiró la rodado y huyó junto a un cómplice, los persiguieron y los arrestaron. Hasta allí, parece una narración más de los tantos delitos de estas características que ocurren en Corrientes todos los días. Sin embargo, hay dos hechos que hacen sobresalir a esta crónica. El primero: el delincuente era un estudiante del cuarto año (estaba a punto de egresar) de la escuela de Oficiales de la Policía correntina. Segundo: la justicia le aplicó la ejemplar condena de tareas comunitarias en un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
En septiembre del año pasado, Jonathan Vera, el “poliladron”, robó una motocicleta Motomel Blitz 110 en el barrio Pirayuí. Rato más tarde, efectivos de la fuerza del orden provincial lo interceptó en Laguna Seca. Al verse cercado, tiró la motocicleta y se subió a la de su cómplice, una cross Honda Tornado 250, una motocicleta de mayor potencia para huir.
Pero no llegaron muy lejos. A poco de iniciado la persecución, los efectivos pudieron encerrarlos y reducirlos.
Entonces se conoció la identidad de quien manejaba la moto robada. Era un estudiante del último año de la Escuela de Oficiales de la Policía. Sólo le faltaba dos meses para la finalización del periodo de instrucción y la obtención del título terciario de Oficial y Técnico en Seguridad Pública y Ciudadana. Luego, tras la fiesta de egresados, se sumaría a las filas de la fuerza del orden provincial.
El expediente judicial cayó en el Juzgado de Instrucción Nº5 cuyo titular, luego de estudiar el caso, consideró que la sentencia por el delito bien podría encuadrarse en una “probation”.
Así se le hizo saber al funcionario policial que manchó su uniforme, quien aceptó la oferta.
Por ello, la justicia le impuso a Vera la durísima condena de prestar labores en un CAPS. Otro malviviente a quien el sistema sólo lo apercibió por sus delitos.