Desde que el alquiler de vientre para extranjeros ha sido prohibido en Tailandia e India, Ucrania es el nuevo destino elegido por personas que desean ser padres, especialmente los provenientes de países europeos donde el alquiler de vientre está prohibido, como España.

En 2011, una pareja italiana sacó de Ucrania un bebé que no tenía vinculación genética con ninguno de los 2 padres, cuando la legislación local dicta que el material genético debe ser aportado por al menos uno de ellos.

Ucrania abrió una investigación contra Biotexcom, la compañía detrás de la gestación subrogada. Ahora España estudiará las ramificaciones locales del caso. El Gobierno ucraniano detectó más de 1000 casos de alquiler de vientre en los que podría haber directa o indirectamente comisiones delictivas.

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional (España) investigará la posible ramificación española de un caso que involucra al mayor centro de alquiler de vientres en Ucrania.

Una investigación de Kiev halló más de 1000 casos de alquiler de vientre en Europa los que podría haber directa o indirectamente comisiones delictivas.

Las pesquisas de Kiev, centradas en la actividad de la clínica Biotexcom, se basan en posibles delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión de impuestos, según tipificación del Código Penal ucraniano.

Biotexcom es una empresa con base en Kiev que opera con distintas sedes afuera -y que controla dos tercios del negocio local-.

La ministra de Justicia española, Dolores Delgado, pidió a la Fiscalía General del Estado que estudiara las derivas del caso en España, luego de que Ucrania comunicara al Gobierno español detalles de su investigación a principios de agosto. Entre otros, la existencia de “más de mil casos en los que puede haber directa o indirectamente comisiones delictivas”, explicó la ministra a El País.

Delgado lamentó el lunes que haya agencias que estén “negociando con el vientre de las mujeres” y “traficando con menores”, publicó el diario La Razón.

Ante el pedido del ministerio de Justicia, la titular de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un oficio para que abra una investigación respecto de una de esas agencias.

Desde que el alquiler de vientre para extranjeros ha sido prohibido en Tailandia e India, Ucrania es el nuevo destino elegido por personas que desean ser padres, especialmente los provenientes de países europeos donde el alquiler de vientre está prohibido, como España.

El alquiler de vientre, práctica también conocida como gestación subrogada, supone que una mujer geste un bebé para terceras personas.

En Ucrania es legal. Sin embargo, desde hace tiempo hay quienes denuncian que allí se existe una industria que está fuera de control, llena de irregularidades, que explota a las mujeres y deja a algunos bebés al abandono.

En 2011, una pareja italiana sacó de Ucrania un bebé que no tenía vinculación genética con ninguno de los 2 padres, explica el diario El País. De acuerdo a la legislación ucraniana, solo se permite acudir a esta práctica a matrimonios heterosexuales; el material genético debe ser aportado por al menos uno de ellos y hay una mujer -sin relación genética con el futuro bebé- que lo gesta.

En ese entonces, Ucrania abrió una investigación contra el dueño de Biotexcom, Albert Totchilovski, que quedó bajo arresto domiciliario por tráfico de menores y evasión fiscal.

En septiembre de 2018, el fiscal responsable del caso en Kiev explicó a El País que habían lanzado una requisitoria internacional para hacer test de ADN de niños en diferentes países para compararlos con el de los padres legales y el de las gestantes.

También están siendo investigadas las condiciones de algunos de los contratos firmados por las gestantes con los llamados padres de intención, agrega El País.

En algunos casos, atentarían contra los derechos humanos.

Por ejemplo, ordenarían a las mujeres vivir en una habitación designada por la agencia a partir del 7º mes de embarazo y ser separadas de sus hijos, si los tienen. “No podrán volver a verlos hasta que no entreguen al niño”, explicó Delgado. No pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo, y los padres de intención tienen la decisión sobre un potencial aborto en casos extremos. En caso de incumplir alguna de las cláusulas, se establece una multa “del 200% de la contraprestación que reciba por la gestación” para la gestante. Otra irregularidad que arroja la investigación es que en ocasiones, las mujeres habrían cobrado un tercio o menos de lo que les habían prometido.

“A las mujeres en Ucrania se les paga muy poco por prestarse a ser vientres de alquiler. La ley en ese país es la más abusiva con las madres gestantes, que no tienen posibilidad de arrepentirse, so pena de acabar en la cárcel”, explica el Diario16. “El negocio de los vientres de alquiler se basa en aprovecharse de la necesidad de las mujeres en riesgo de exclusión social, sobre todo en países con altos niveles de pobreza.”

“Tenemos que estudiar qué significa antes de pronunciarnos y si nos afecta o no. No sé qué es lo que el Gobierno considera una agencia de vientres de alquiler”, dijo Santiago Agustín, responsable de Interfertility, una agencia de gestación subrogada internacional con sedes en Madrid y Barcelona, a El País.

“No pueden prohibir lo que se hace fuera. El Supremo ha dicho que los contratos de gestación son nulos en España pero los efectos, que son los menores, están aquí y hay que protegerlos”, añadió Ana Miramontes, abogada y portavoz de la asociación de familias Son Nuestros Hijos, al diario. “Si la Fiscalía ve que alguna actuación no se ajusta a derecho, tendrá que actuar. Pero un español que acude a la gestación subrogada en un país donde es legal no comete un ilícito perseguible”, concluye.

“Toda gestación subrogada supone una explotación reproductiva. No hay manera de que se desarrolle con condiciones aceptables para las mujeres”, dijo en dirección contraria Ana Trejo, fundadora de la asociación Stop Vientres de Alquiler.

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