Locales

Corrientes se sumará a una marcha en contra del gatillo fácil

Organizaciones sociales y de derechos humanos se plegarán a una movilización encabezada por familiares de víctimas de la violencia institucional por parte del Estado. Será el martes que viene. Partirán desde la plaza Vera hacia el Ministerio de Seguridad.

Organizaciones sociales y de derechos humanos de Corrientes se sumarán a la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil, que tendrá su réplica en varias provincias del país. La cita será el martes que viene a las 16.30 en plaza Vera, desde donde se partirá hacia el Ministerio de Seguridad. La propuesta es encabezada por familiares de víctimas de violencia institucional mediante las fuerzas de seguridad, quienes sostienen que la misma “surge ante la necesidad de visibilizar las diferentes violaciones y vulneraciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes, como también hacer públicas sus exigencias y propuestas al respecto”.

En lo que refiere a Corrientes, desde la Red de Derechos Humanos explican que en la provincia se denota violencia institucional mediante “blindajes operativos en marchas, movilizaciones, desalojos, saturación de fuerzas de seguridad en las calles y operativos con detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes en eventos públicos”. También aseguran que existe una “proliferación de causas por contravenciones a carreros y otros sectores vulnerables de la economía popular”.

“Este estado de excepción es el nuevo paradigma de las democracias para controlar el conflicto social a través de medidas que son ilegales, inconstitucionales, pero que tienen un fundamento de legalidad objetiva”, manifiestan; al tiempo que remarcan que dos de los pedidos serán por el cese de “las detenciones arbitrarias” y el de la reforma del Código Contravencional y de la Ley Orgánica de la Policía.

Vale recordar que en diciembre del año pasado se presentó un informe que contabiliza las muertes que se dieron por el aparato represivo del Estado en Corrientes, elaborado por el Observatorio de Conflictos Sociales en el Nordeste Argentino (Ocso-NEA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Red de Derechos Humanos. Se trata de un estudio preliminar que analiza los hechos ocurridos entre 2008 y 2018, en el que se destaca que, en ese lapso de tiempo, en la provincia se registraron 59 decesos que se dieron “bajo responsabilidad del aparato represivo del Estado (…)” tanto “por acción (directa o indirecta) como por omisión”.

Fuente: Diario Litoral

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