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Polémico decreto: una nena de 10 años violada deberá seguir con su embarazo

Un decreto de 2012 obligaría a la pequeña salteña a continuar con la gestación hasta que el bebé nazca, pese a ser fruto de una violación por parte de su padrastro.

 

Se trata del decreto 1170/12, que establece un período límite para acceder al aborto no punible de 12 semanas. Por este motivo, la menor ya no accedería al programa.

Los primeros días de mayo Salta se vio conmocionada al conocerse el caso de una niña de 10 años que llegó al Hospital Materno Infantil de Salta con dolores estomacales, y luego de ser examinada por la pediatra de la sala de Emergencias, se descubrió que cursaba un embarazo de 19 semanas (quinto mes).

Al recibir el diagnóstico, la menor explotó en llantos y confesó que fue abusada sexualmente por su actual padrastro.

Los administradores del HPMI notificaron oficialmente a la Asesoría de Incapaces 5, a cargo de Patricia Gómez de González.

“Con respecto al caso de la menor salteña embarazada que tomó estado público, la asesora de Incapaces y Menores, Patricia Gómez de González, informó al Ejecutivo provincial la voluntad manifestada por la niña y su madre, en un acta rubricada, de continuar con el embarazo”, se difundió el lunes desde el Gobierno de la Provincia.

Según indicaron fuentes judiciales, el viernes la niña declaró en cámara Gesell y luego la madre pidió hablar con la asesora. En una reunión con la funcionaria, la madre y la niña “manifestaron su deseo de continuar con el embarazo”, que ya cursa la semana 21.

“La nena fue valorada médicamente y acompañada por todo el equipo interdisciplinario del Hospital Público Materno Infantil desde su ingreso. Asimismo, se continuará con el seguimiento durante todo el proceso”, comunicaron desde los Ministerios de Salud Pública y Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.

La Corte Suprema de Justicia resolvió en 2012 que el único requisito para acceder al aborto no punible era que la víctima firmara una declaración en el hospital asegurando haber sufrido un delito sexual. El fallo no incluyó el requisito de una denuncia policial ni la obligación de que intervenga el Ministerio Público, como establece el protocolo del Gobierno de Salta. Además, el instrumento fijó la semana 12 como límite para la intervención.

Desde diferentes sectores salieron al cruce y cuestionaron puntos del protocolo que se aplica para acceder al aborto no punible. Según denunciaron, este instrumento legal apunta a dilatar tiempos, influir en las decisiones y hacer desistir del aborto a las víctimas de violación.

Al pedido que viene realizando el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y organizaciones feministas por la derogación del protocolo de aborto no punible, porque consideran que implica trabas para acceder a la práctica, ayer se sumó el Partido Obrero.

El Partido Obrero (PO) se pronunció en contra del instrumento sobre el que considera “bloquea el derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo y garantiza el sostenimiento de la violencia contra las mujeres. Sin ese decreto un abogado o el propio médico podría apelar a causales de salud y hacer el aborto, porque afecta la salud mental de la niña cursar el embarazo y es un riesgo un parto, sea normal o cesárea”.

En una conferencia de prensa el PO demandó que se trate un proyecto de ley que elimine el límite de 12 semanas y la solicitud de declaración jurada ante el Ministerio Público que se hace a las mujeres que quieren acceder al aborto no punible.

Por su parte, en la inauguración del Polo Integral de Mujeres, el gobernador Juan Manuel Urtubey indicó que “hubo 18 pedidos” de aborto no punible y “se practicaron seis”. Hubo cuatro que no se hicieron porque habían pasado las 12 semanas y otros 8 en que las mujeres desistieron por su propia voluntad “después del gabinete de salud pública que plantea el propio Ministerio de Nación”, según el mandatario.

 

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