Un diputado bonaerense de Cambiemos presentó un proyecto para la “derogación” de la expresión “30 mil desaparecidos” en los textos y piezas audiovisuales que produzcan los tres poderes del estado de la provincia de Buenos Aires.

El diputado de Cambiemos, Guillermo Castello, ingresó un proyecto de la Cámara baja bonaerense para modificar la expresión cuando se hable de la última dictadura. En marzo de 2017 la Legislatura había aprobado la inclusión de la leyenda “30 mil desaparecidos”. En esa ocasión, el único voto negativo fue del legislador de la Coalición Cívica.

Diputado bonaerense de Cambiemos presentó un proyecto para la “derogación” de la expresión “30 mil desaparecidos”

“Es una ley que viola flagrantemente los principios de verdad y libertad de expresión. Fue seriamente objetada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene una enorme tradición en el campo de la izquierda”, dijo Castello. Además, recordó que al tiempo de aprobarse la ley, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH transmitió al Estado argentino una solicitud de información por dicha reglamentación.

En el texto advierte que “podría afectar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información”. Además, el legislador remarcó: “La ley podría tener un efecto inhibitorio. Además, afectar el derecho de la sociedad a recibir información y procesarla en un debate público robusto. La determinación de una verdad oficial clausura la investigación, el análisis y el debate respecto a la búsqueda incesante de lo sucedido“.

“La imposición legislativa de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único. Atenta contra la libertad y clausura cualquier investigación presente y futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con esa visión”, explicó el parlamentario en un comunicado.

De la misma manera, Castello presentó a principio de año otro proyecto de ley. El mismo era para quitar los planes sociales a personas o agrupaciones que, durante los piquetes, corten la circulación de vehículos o dañen el espacio público.

El proyecto proponía que toda prestación económica por parte del Estado sea suspendida para “el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas”.

El legislador de la Coalición Cívica expuso en los fundamentos, que las organizaciones sociales “no dudan en violar múltiples derechos constitucionales de millones de argentinos que se ven impedidos de trabajar, estudiar, atenderse médicamente, realizar trámites o vacacionar”.

fuente:mitre

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