Gabriela Borgo, Juez Subrogante del Juzgado de Familia de Santo Tomé, ordenó a  la obra social Incluir Salud (Ex Profe) que entregara a la madre de una niña de 11 años Etanercept 25 mg, un medicamento utilizado en enfermedades de carácter autoinmune.
La obra social había dejado de proveerlo hacía varios meses, lo que motivó a la mamá de la nena a presentarse ante la Justicia. Lo hizo a través de la Defensoría Oficial.

La nena tiene diagnóstico de AIJ poliarticular FR  positivo, anti CCP positivo, artritis rematoidea  juvenil, anormalidades de la marcha y de la movilidad, signos de artritis infanto juvenil; en forma simultánea con un diagnóstico de rectificación de la lordosis cervical en ambas manos rodillas y pies.

Borgo hizo lugar al pedido porque el derecho a la salud de la niña se hallaba “gravemente comprometido”.

En su resolución la juez explicó que su tarea era armonizar dos valores: por un lado  el derecho legítimo de un paciente a recibir el tratamiento indicado por su médico tratante,  y por otro, un sistema de seguridad social enmarcado dentro de un contexto de un estado de derecho.

“(…) no se puede economizar la salud, y como así tampoco se puede esperar  la realización de trámites burocráticos, ni siquiera aquí judicial alguno para obtener  la cobertura  por parte de su obra social respecto del medicamento recetado para la paciente”.

Incluir Salud deberá entregar el medicamento en la cantidad de envases necesarios para completar ocho viales de aplicación subcutánea por cada mes (sin perjuicio de que si el médico tratante aumentara la dosis, deberá entregar más medicación).

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