Mientras se profundiza la crisis económica y se extiende la cuarentena, el Gobierno evalúa ideas para el diseño de un “ingreso universal” y ya inició conversaciones con los gestores históricos de proyectos en ese sentido, entre ellos, el expresidente Eduardo Duhalde y el director del Banco Nación, Claudio Lozano. La medida, pensada en principio para la pospandemia de coronavirus, podría llegar para quedarse.
“Creo que sería bueno que nosotros garanticemos un ingreso universal a todos los argentinos. Me parece una salida válida, que en todo el mundo se está viendo y se está aplicando”, dijo el presidente Alberto Fernández los primeros días de junio durante una entrevista televisiva.
El primer mandatario dio así el primer puntapié a una idea que tuvo origen en la Argentina en la crisis de 2001, pero nunca se terminó por llevar a cabo. Ahora vuelve a tomar vigencia ante la perspectiva de un país nuevamente jaqueado en lo económico y lo social, esta vez por el aislamiento obligatorio, que lleva ya 100 días y se prolongará, en principio, por 20 más.
El proyecto implica un replanteo del sistema de planes sociales hacia un esquema universal, que muy posiblemente obligue a reformular los ingresos que nacieron en el marco de la crisis por el coronavirus.
Por estos días, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, analiza propuestas y organiza nuevas mesas de diálogo virtuales para estudiar posibles aplicaciones de un “salario universal”. Son las primeras aproximaciones. Los alcances todavía son inciertos.
“Todo está bajo estudio. Estas son políticas que necesitan consenso, exceden a un gobierno. Estamos conversando con todos” Y remarcó que el proyecto forma parte del “cambio estructural de lo social”, que tiene tres ejes diferenciados: el trabajo, el ingreso, y el acceso a servicios básicos. Su plan, en lo inmediato, es recibir a dirigentes sindicales y referentes partidarios, como del sector privado.
Una posibilidad es que el proyecto sea una adaptación temporal del Ingreso Federal de Emergencia (IFE). Pero también podría ser una medida pensada a largo plazo que “absorber” los planes actuales, surgidos a partir de 2002.
Su proyecto propone eliminar las restricciones vigentes para los beneficiarios de ayudas sociales, como ocurre en el IFE, cuyas reglas impiden lo reciba más de un miembro del grupo familiar. Y la “renta definitiva”, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, alcanzaría “a todos aquellos que tengan entre 18 y 65 años y no sean asalariados formales”.
“Esto, sumado a la AUH, permitiría poner un piso de ingreso por hogar equivalente a la canasta familiar”, explicó Lozano a LA NACION. Según sus cálculos, el plan conjunto alcanzaría a 16 millones de personas.
La concepción del expresidente es de las más radicales que se estudian y va más allá de a un ingreso para los desempleados. En cambio, propone “garantizar a todos los integrantes de una comunidad un ingreso en efectivo mensual que asegure las mínimas condiciones de subsistencia, sin ningún tipo de condicionamiento o contraprestación”.
Fuente: La Nación