Pasado mañana, en la última sesión del año de la Legislatura porteña, se votará un proyecto que busca prohibir que se arrojen colillas de cigarrillo en la vía pública y sancionar, con multas económicas, a los infractores. La medida, si se aprueba, también alcanzará a locales bailables, comercios, shoppings, paseos comerciales a cielo abierto, establecimientos de alojamiento, oficinas o cualquier tipo de eventos, públicos y privados.
La propuesta persigue un objetivo de protección ambiental debido a la cantidad de partículas nocivas que contienen las colillas y su elevado poder de contaminación de la tierra y del agua. Por eso, quienes tiren colillas o cigarrillos en la vía pública serán sancionados con multas de entre $1892 a $44.163, es decir, de 30 a 700 Unidades Fijas (UF, con un valor de $63,09 cada una) o la obligación de realizar trabajos comunitarios relacionados con la preservación del medio ambiente.
“La autoridad de aplicación será el organismo con mayor competencia en materia ambiental del Poder Ejecutivo. La misma deberá realizar acciones y estrategias tendientes a informar respecto de la sanción de la presente ley para sensibilizar y concientizar a la población teniendo en cuenta el daño e impacto ambiental que ocasiona el desecho inadecuado de este tipo de residuos tóxicos”, dice el texto del proyecto presentado por el diputado Sergio Abrevaya, del GEN.
En la confección de la propuesta “se tuvo en cuenta la crisis climática y ecológica que se atraviesa globalmente” y participó la asociación civil Eco House, que viene trabajando sobre con el tema desde hace varios años. Tiempo atrás Eco House realizó un relevamiento durante dos horas en cuatro manzanas del microcentro porteño en las que hallaron más de 10.000 colillas de cigarrillos tiradas en la vía pública.
A nivel mundial se estima que todos los años se descartan 4.500.000.000 de colillas en la vía pública convirtiéndolas en uno de los residuos más contaminantes que afectan al entorno, al suelo, el aire, el agua potable, los océanos, la biodiversidad, el turismo y el ecosistema urbano. A tal punto que el problema llamó la atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de grandes organismos ya que el filtro de un cigarrillo, según diversos estudios que se encuentran en los fundamentos del proyecto de ley, puede contaminar entre 50 y 1000 litros de agua. Se calcula que tardan hasta una década en desintegrarse.
Si la norma avanza en la Legislatura, el mismo día que se votará el presupuesto vigente para el año próximo, la ciudad se alineará con lo que ocurre en otras partes del mundo donde ya rige una legislación relacionada a la problemática. Suiza, Alemania, Austria, España, Australia, Canadá, Estados Unidos, Singapur, Brasil y Ecuador, con diferentes tipos de sanciones, ya aplican diferentes tipos de sanciones. En Bruselas, Bélgica, por ejemplo, se aplica una multa de 200 euros por arrojar una colilla en la vía pública, sanción acompañada por diversas estrategias y campañas de sensibilización para informar sobre la nueva medida. En Chile y Méjico también existen iniciativas con el mismo objetivo.
El proyecto de ley, que fue incluido en una lista de 25 propuestas que recibirán tratamiento de privilegio, aporta datos sobre el poder de contaminación que posee una colilla de cigarrillo con elementos como acetato de celulosa, nicotina, alquitrán, aluminio, bario, cadmio, cromo, cobre, hierro, manganeso, níquel, plomo, estroncio, titanio y zinc consideradas de alta toxicidad.