Muy limitado por la caja, el Gobierno no resuelve aún si habrá una cuarta ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y qué alcance tendrá. La indecisión oficial se explica por una combinación de factores. El equipo económico necesita calibrar el gasto público y cada vuelta del subsidio implica para el Estado un desembolso de 90 mil millones de pesos. En los despachos oficiales pretenden delimitar el universo de beneficiarios, pero enfrentan la dificultad metodológica de discernir quiénes habrían recuperado parte de sus ingresos, cuando buena parte de los que cobraron los $10.000 bimensuales se encuentran en la economía informal.
“Hasta ahora apretamos «enter» y casi 9 millones de personas entraron en el calendario de pagos. La pregunta es si esa masividad hoy tiene sentido, cuando muchos ya volvieron a trabajar. Es difícil hacer un cruce de datos fehaciente. El problema es el presupuesto”, reconoció a LA NACION un alto funcionario al tanto de los cálculos que hace puertas adentro el equipo económico y la Anses, el organismo que paga el subsidio.
El asunto es por demás delicado, cuando se confirmó que durante la pandemia la pobreza subió y alcanzó al 40,9% de los argentinos. En la Argentina hay 18,5 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes. El gabinete económico lleva varias semanas sin terminar de resolver el tema, mientras la Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) -la otra política oficial para amortiguar el impacto de la pandemia- ya va por su sexta edición.
La diferencia, de nuevo, está en el monto del desembolso y en la posibilidad de cuantificar los datos de la actividad de cada sector. “Una ronda de IFE son varios ATP”, resumió un colaborador oficial. Hoy el ATP subsidia solo a los sectores críticos, mientras que al resto de las empresas se les ofrece un crédito con incentivos para la contratación de personal.
La tercera ronda del IFE terminó de pagarse el 24 de septiembre. El subsidio alcanza a unos 8,9 millones de desocupados, trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas que no perciben otros ingresos. “Es un universo de personas muy amplio, hay personas que realmente lo necesitan pero otras, como algunos monotributistas, que recuperaron buena parte de su actividad”, agregó un portavoz oficial.
Al problema de las cuentas en rojo, además, se le suma la presión de los gobernadores. Cuando el Gobierno intentó delimitar el ATP por zona geográfica (en el momento donde la curva de contagios había cedido en el interior), los mandatarios provinciales se pusieron en pie de guerra. “Los gobernadores no quieren saber nada. Tiene lógica: cada vez que pagamos el IFE entran millones de pesos que mueven las economías provinciales”, acotó a LA NACION un importante funcionario mientras miraba las planillas con los datos duros sobre su mesa.
Varios funcionarios dejaron entrever la disyuntiva que enfrenta el Gobierno con el IFE. El propio Alberto Fernández dijo en la entrevista con El Cohete a la Luna: “Estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos”.
Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Anses, dijo que el pago de la cuarta etapa del bono de $10.000 “se está discutiendo y no está confirmado”. La funcionaria agregó: “Estamos viendo distintas propuestas y hay que ver cómo evoluciona”.
El equipo económico viene estudiando qué instrumento reemplazará al IFE en la pospandemia, que todavía no asoma en el horizonte. Varios funcionarios vienen deslizando la necesidad de reconvertir al subsidio de emergencia en un plan de trabajo, que alcanzaría a un universo mucho más acotado de personas.
Fernández, dio indicios en agosto, cuando insinuó que una herramienta podría ser el Plan Potenciar Trabajo, un ingreso base de $8500 pesos que como contraprestación obliga a la terminalidad educativa o a brindar cuatro horas de trabajo.
Hoy, el Plan Potenciar trabajo tiene un padrón de 580.000 personas, producto de la fusión de los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Los beneficiarios de IFE, en cambio, son 9 millones, aunque en el Gobierno estiman que, de ese universo, habrá 3 millones que tendrán mayor dificultad para reinsertarse en el mundo laboral.
Lo que sí está casi resuelto en el Gobierno es que se anunciará una ampliación del plan Progresar, para promover la continuidadd educativa y la inserción laboral de jóvenes.
Es una transición compleja: cualquier medida que intente reemplazar el IFE implicará una reducción del gasto público y tendrá un coletazo social.
Por: Maia Jastreblansky
fuente:LN