El 36% de las intervenciones de la delegación local del INADI en 2019 fueron por prejuicios en torno a los roles femeninos y masculinos en la sociedad. Es una tendencia que se viene registrando al menos desde 2016.

La discriminación por género acaparó el 32% de las denuncias con las que trabajó la delegación correntina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en 2019. El dato se desprende del último balance anual realizado por el organismo, en el que se advierte también que el ámbito con mayor segregación en la sociedad correntina es el empleo público, tanto provincial como nacional.

La delegación local del INADI envió a El Litoral el balance de su trabajo realizado durante el período 2019. En este resumen se informa sobre la cantidad y tipos de denuncias recibidas en la sede, y se destaca que la discriminación por género es la que “más denuncias presenta esta delegación, con un 32% del total”.

Según el manual del INADI, la discriminación por género “es la que asigna determinados atributos socioculturales a partir de su sexo y convierte la desigualdad sexual en desigualdad social”. Entonces, señala, quienes discriminan por género “utilizan la diferencia biológica para argumentar y esconder la valoración positiva de roles y atributos que asignan subjetivamente a lo masculino, y el disvalor o valoración negativa de lo femenino”.

Se trata de una forma de segregación que parece habitual en la provincia, o al menos en la ciudad, ya que no es el primer balance anual en el que figura como una de las principales. El año pasado, por ejemplo, el 17% de las denuncias fueron en base a la discriminación por género, en tanto que el 12% fueron por identidad de género. Además, en 2017 estos casos llegaron a ser el 25%, mientras que en 2016 fueron el 29,5%, aunque catalogados como “orientación sexual e identidad de género”.

Por otro lado, respecto a los ámbitos en los que sucedieron los casos trabajados de este año, en el informe se sostiene que “priman las denuncias hacia el empleo público (provincial y nacional)”, acaparando a la salud, la educación y otras áreas estatales. “Quienes realizan las denuncias son trabajadoras y trabajadores que desempeñan sus funciones en estos ámbitos”, se añade en el estudio.

“En el caso de los ámbitos laborales, persisten prácticas naturalizadas que segregan, invisibilizan y excluyen tanto a grupos como a personas”, explican desde INADI; y añaden que “estas prácticas se sustentan en prejuicios construidos a partir de juicios de valor negativos con relación a un grupo social determinado”.
Al ámbito laboral público se agregan, de acuerdo al relevamiento, “las redes sociales y medios de comunicación como ámbitos donde se producen los actos discriminatorios”.

Fuente: Diario Litoral

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