Los ciudadanos mendocinos que participaron del denominado “Banderazo en defensa de la república” el pasado 9 de julio, podrían quedar detenidos o ser obligados por la Justicia a realizar trabajos comunitarios.

En tal contexto, la Justicia provincial actuó de oficio al abrir una causa para determinar las identidades de los participantes e imputarlos por violar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) durante la pandemia de Covid-19. De este modo, unos 300 ciudadanos y ciudadanas de Mendoza que se manifestaron en contra del Gobierno Nacional, ahora quedarían a disposición de la Justicia una vez que sean identificados e individualizados.

Para ello, los investigadores utilizarán el sistema de cámaras de vigilancia urbanas. La medida fue celebrada por autoridades del justicialismo provincial, al tiempo que la fiscal Grabriela García Cobos, que se encuentra al frente de la causa, ya solicitó al Ministerio de Seguridad las grabaciones para detectar a los manifestantes. “Estamos en alerta sanitaria. No vale ningún tipo de justificación para una acción de esta naturaleza”, remarcó por su parte el procurador Alejandro Gullé.

Fuente: El Diario Web

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