Dos abogados presentaron una cautelar solicitando la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consideran que el traslado por la fuerza de integrantes de poblaciones aborígenes a centros de aislamiento, sin informar a sus familias donde están, configura el delito de “desaparición forzada” de personas.
Los abogados Daniel Suizer y Francisco Oneto describieron “los atropellos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios de la provincia de Formosa a manos de sus autoridades” en el marco de las medidas extremas dispuestas por el Gobierno provincial por la pandemia y pidieron a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que intervenga.
Ambos abogados intervinieron ante la Justicia en varios casos de varados en la frontera a los que el Ejecutivo formoseño les impedía ingresar a la provincia para blindar el territorio ante potenciales contagios.
“Cuando personas pertenecientes a pueblos originarios son llevadas a los centros de aislamiento, sus familiares ignoran a dónde los llevan. Esto se debe en gran medida a que el Estado no hace ni siquiera un esfuerzo mínimo para poder comunicar a estas personas, en clara situación de vulnerabilidad, lo que está ocurriendo en su lengua originaria. De esa manera se configura una clara desaparición forzada, pues por un motivo u otro los originarios no saben a donde están sus familiares”, afirmaron.
“Los originarios huyen al monte buscando evitar ser víctimas de desaparición forzosa, en un contexto donde el estado no hace el mínimo esfuerzo por comunicarles en un lenguaje claro y entendible lo que está ocurriendo. La CIDH considera que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas”, argumentaron.
Fuente: infobae