La jueza de ejecución se aboca a estu­diar “caso por caso” las solicitudes. Alerta por el incumplimiento de los protocolos sanitarios.

La jueza de Ejecución de Condena de la provincia, María Teresa Zacarías, se refirió a los pedidos de pri­sión domiciliaria y libertades asistidas solicitadas -en el marco de la pandemia de co­ronavirus- por los internos de la Unidad Penal 1.

La jueza aclaró que realiza el análisis de las situaciones de los internos que integran una lista de “recomendados” por el Servicio Penitenciario provincial, quienes estarían en condiciones de ser bene­ficiados con las medidas que, además, permitirían des­comprimir la situación de superpoblación carcelaria en la unidad mencionada.

En este sentido, explicó los pasos que se deben cumplir para que el Juzgado resuelva la situación de cada deteni­do. El primero de ellos es que el abogado defensor o el im­putado realicen el pedido de manera formal.

Además indicó: “Las pri­siones domiciliarias tienen una serie de requisitos que están previstos por la Ley. Uno de ellos en el cumpli­miento de los dos tercios de la pena. Para darle trámite debemos verificar y escu­char a la víctima del delito, es una necesidad conocer la realidad económica, social y de salud del interno. Este pronóstico de reinserción social, para saber qué posi­bilidad tiene de salir sin que vuelva a delinquir, y estos análisis se hacen interdis­ciplinariamente, explicó en una entrevista con Daniel Romero, en Radio Sudame­ricana. En este marco sostu­vo que desde el SPP se había recibido “una lista sábana donde se mencionaban de manera genérica a los pro­blemas (de los internos), como hipertensión arterial, problemas respiratorios y sin especificar”.

Estas situaciones son eva­luadas luego de que la jueza en feria pidiera que le remi­tieran informes médicos, so­ciales y psicológicos, tras lo cual le mandaron referencias de unos 50 internos, de más de 100.

Alarma por los recaudos en la unidad penal

La Jueza de Ejecución de Condenas de Co­rrientes, María Teresa Zacarías, alertó respec­to de situaciones que derivaron en un motín y en la posible propaga­ción de coronavirus en la Unidad Penal de Co­rrientes.

“Lamento que se haya desatado esto, por im­prudencias. No se res­petaron los protocolos médicos ni el debido proceso”, sostuvo la ma­gistrada.

En este contexto sos­tuvo: “Si se hubiesen respetado los protocolos sanitarios no habría una situación de penitencia­rios contaminada”.

Además, indicó res­pecto a esto: “Me infor­maron que toda la gente que estuvo en el motín puede estar contami­nada. Hubo gente que no corresponde a las fuerzas de seguridad, ni de los detenidos, y que estaban adentro, sin control”.

Fuente: Diario Norte

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