En Tucumán, el estado de emergencia también se extiende al sistema penitenciario. El Juzgado de Instrucción II, de turno durante el asueto judicial, emitió oficios para revisar la situación sanitaria y de encierro de alrededor 50 presos, tras los planteos de los abogados defensores. El martes, primer día de la miniferia, ese tribunal recibió unas 20 presentaciones de los patrocinadores solicitando el cese de prisión o, en caso contrario, el arresto domiciliario, según informaron fuentes oficiales.

El titular de ese Juzgado, Facundo Maggio, ha otorgado el beneficio de prisión domiciliaria, hasta ahora, sólo a un reo por cuestiones sanitarias y aguarda las conclusiones del Cuerpo Médico Forense para responder a los defensores, respecto de las condiciones de detención, afirma La Gaceta.

“Los abogados litigantes tomaron en cuenta la situación de emergencia sanitaria como eje de sus planteos. A la vez, el Juzgado lo hizo de oficio sobre los casos que tramita”, explicó Gonzalo Ascárate, secretario del Juzgado II.

El funcionario añadió, en esa línea, que el procedimiento contempla la consulta previa del médico forense sobre las patologías de los internos, informe que es vinculante con una decisión del magistrado. En este contexto, se tienen en cuenta personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), inmunosuprimidas o que necesitaran alguna asistencia mecánica.

“La consulta también fue por si esas patologías respondían a las condiciones de vulnerabilidad ante el contagio de coronavirus”, explicó el funcionario judicial. En el caso del arresto domiciliario confirmado, la conclusión del forense recomendaba el traslado, al tratarse de una persona vulnerable al contagio del Covid-19.

“Siempre recibimos planteos por parte de las defensas. Hoy no fue la excepción. Por la inactividad en otros juzgados, gran cantidad de profesionales se arrimaron, más que lo habitual, a presentar o a consultar por las causas que tramitan. Frente a ello, habilitamos una línea de WhatsApp para poder atender sus requerimientos y evitar que se lleguen hasta el mostrador del Juzgado”, aclaró.

“Los abogados estamos pidiendo que se racionalicen las detenciones y la prisión preventiva, ante la posible aparición del coronavirus. La sociedad carcelaria, ante el avance de la enfermedad, es muy vulnerable”, expresó el abogado José Del Río.

El letrado solicitó ante la Fiscalía en lo Criminal II “la anticipación de libertad” de un joven acusado de amenaza de muerte contra otra persona, además de tenencia de arma. En su exposición, el defensor pidió la no detención o la aplicación mínima de la medida por cuestiones de salud pública. “El ritmo de contagio es mayor en ámbitos de encierro”, manifestó.

“Existe un principio que debe primar en todas las etapas que conforman el proceso penal. Es el ‘principio humanitario’, que se ve relacionado actualmente con la expansión del coronavirus de fácil transmisión entre los humanos. Los detenidos y los reos que se encuentran alojados en los establecimientos policiales y carcelarios de esta provincia no son ajenos a ese contexto. Hay que sumar la falta de atención sanitaria rápida y eficaz, lo que convierte a estos establecimientos en espacios propicios para la circulación del virus”, remarcó el abogado en su escrito.

Del Río hizo hincapié, como argumento, a la crisis carcelaria que se ha registrado en la provincia. “Hay que tener en cuenta la problemática penitenciaria, más precisamente, en torno de la alimentación, salud y la sobrepoblación. Esto fue objeto de un planteamiento de los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila a través de la promoción de un recurso de Habeas corpus colectivo ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán”, destacó el defensor.

Actualmente, según los últimos informes brindados por el ministerio de Seguridad, en los calabozos de las comisarías de toda la provincia hay por lo menos 1.000 detenidos, cuando tienen capacidad para albergar a menos de 450.

Fuente: La Gaceta

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