El juicio contra el ex intendente de Itatí y otros 30 acusados de traficar marihuana se suspendió dos veces.

Juicios orales contra organizaciones de narcotraficantes hubo muchos y de todo tipo. Pero este miércoles, a las 14.30, está fijado el comienzo de uno bastante especial: el escándalo por el tráfico a gran escala de marihuana paraguaya vía la ciudad correntina de Itatí.

Con 31 procesados (29 de ellos presos), 120 testigos citados a los tribunales de Comodoro Py y una acusación que pone en juego penas de entre 6 y 30 años de prisión, el proceso tiene la característica inédita de ser un caso donde la Justicia ha logrado no sólo ir tras los narcos, sino también sobre el amplio espectro de encubridores y partícipes, desde miembros de fuerzas de seguridad, hasta políticos, funcionarios y miembros del Poder Judicial.

Se trata de un debate importante y con mucho en juego, al punto de que su fecha de inicio ya fue suspendida dos veces. Del 14 de agosto, se pasó para el 21 y ahora la nueva cita es este 28 de agosto. La razón de tanto cambio serían las febriles negociaciones de los abogados defensores con la fiscalía para llegar a un acuerdo vía la figura del “juicio abreviado”. Pero la cosa no es sencilla.

Por ley, los juicios abreviados desarrollados en Capital tienen que cumplir con dos condiciones básicas: todos los imputados deben estar de acuerdo en firmarlo y la pena a imponer no puede superar los seis años de prisión.

Son dos restricciones que en estos días las partes trataron de flexibilizar apelando a fallos de distintos tribunales que permitieron hacer acuerdos parciales, por un lado, y también superar el tope de los seis años.

El éxito del abreviado dependerá de la habilidad del fiscal para afinar el lápiz, la de los abogados defensores para alinear la voluntad de sus clientes y la postura del Tribunal, único con potestad para convalidarlo. Por ahora todo esta por verse.

Los acusados
Como responsables del tráfico de casi 15 toneladas de droga secuestradas en el expediente del llamado “Operativo Sapucay” fueron elevados a juicio Carlos “Cachito” Bareiro (39) y Federico “Morenita” Marín (31). El tercer gran capo de la zona, Luis “El Gordo” Saucedo (39), aun está prófugo. Se comenta que vive del otro lado del Paraná, en Paraguay, y que adelgazó varios kilos.

Le siguen en importancia los funcionarios que, según la acusación del fiscal de juicio Juan García Elorrio, les brindaron apoyo y cobertura política a los traficantes. Y en el tope de esta lista está el ex intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán (52), y su segundo, Fabio Aquino (37).

Ambos fueron detenidos en marzo de 2017 y están presos desde entonces en un pabellón especial del Complejo Penitenciario I de Ezeiza. Se comenta que es Terán el principal obstáculo para firmar el juicio penal abreviado.

Las escuchas y testimonios también incriminaron a una despareja gama de uniformados: policías, prefectos y gendarmes. El más encumbrado de ellos es el subcomisario Rubén Ferreyra, subjefe de la Delegación Corrientes de la Policía Federal.

El comisario Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga -jefe de la seccional de Itatí- también llega al debate muy complicado, con conversaciones grabadas que lo conectan con autoridades locales y provinciales.

En la investigación encabezada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) también se llegó a descubrir la pata judicial del encubrimiento.

En el juicio, uno de los acusados es el abogado Omar Antonio Cereal, señalado como el contacto de los narcos con el juzgado federal de Corrientes.

Según consta en la parte del expediente en la que se procesó a Carlo Soto Dávila y a dos de sus secretarios por proteger y favorecer a narcos (y que todavía no llegó a la etapa de juicio oral), Bareiro pagó un millón de pesos de coima al juzgado para dejar de ser considerado “prófugo” en una causa grave: se lo señalaba como dueño de un cargamento de 542 kilos de marihuana que había sido secuestrado por Gendarmería el 17 de septiembre de 2011.

Fuente: Diario Clarín

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