El concejal José Salinas presentó un proyecto de ordenanza que persigue beneficios impositivos para comercios, empresas y servicios que incorporen en su planta de trabajadores a personas con discapacidad. Esta ordenanza se ampara en derechos reconocidos por tratados internacionales, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica de la ciudad de Corrientes.
Dicha ordenanza, que será tratada en la sesión de este jueves, surge de la solicitud del doctor Cesar Vallejos Tressens, Defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes, para instar el dictado de una ordenanza que regule dicho régimen.
La norma establece un beneficio impositivo para comercios, empresas de servicios e industriales que incorporen en su planta de personal a ciudadanos con discapacidad que estén acreditados mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, aquellos empleadores que hayan contratado a personas con discapacidad en los últimos tres años gozarán de los mismos beneficios.
Los beneficios impositivos propuestos por ésta ordenanza regirán por el término de un año y establecen: a) Deducción de hasta el 30% sobre la Tasa de Seguridad e Higiene; b) Deducción de hasta el 20% del Impuesto a las Patentes sobre un vehículo propiedad de los sujetos mencionados; y c) Deducción de hasta el 10% del Impuesto inmobiliario sobre los inmuebles que estuvieran afectados a la actividad de los sujetos mencionados.